Luego de un fallido acuerdo colusorio para evitar las licitaciones, Longueira anunció a los cuatro vientos royalty y licitaciones de excedentes. Pero esta vez también la letra chica deja el proyecto como mero anuncio carente de peso concreto, un volador de luces. Incluso uno de los grandes objetivos, resguardar la sustentabilidad, queda reducido a una consulta a expertos nombrados políticamente para decisiones que toma al final un subsecretario en la soledad de su gabinete. Seamos claros: sólo decisiones científicas verdaderamente vinculantes y una licitación abierta y competitiva aseguran el término del cartel de las siete familias de la pesca y la captura del regulador.
Aysén explotó. La gente se volcó a las calles, con un petitorio regional donde la pesca juega un rol central. La Nueva Ley de Pesca también fue la bandera para bloquear el acceso al aeropuerto en Punta Arenas, fue el motivo para manifestaciones en Coronel, fue lo que ocasionó garabatos del Subsecretario de Pesca Pablo Galilea a un representante Huilliche en Puerto Montt. La Ley de Pesca, una y otra vez.
Lejos de esto, Pablo Longueira, desde el Ministerio de Economía, en corto tiempo ha mostrado una aparatosa performance frente a la ciudadanía. Señala que enfrentará a los acusados de La Polar, a los bancos, a los productores de pollo, a las grandes tiendas de retail y al mismo Walt Mart.
Sin embargo, en esta actuación hay una seria inconsistencia, la llamada “madre de todas las batallas” de ese Ministerio, adivinaron: la Nueva Ley de Pesca.
Hace unas semanas, el Gobierno presentó el proyecto que debe reemplazar la antigua Ley de Pesca. Uno de los temas más debatidos es cómo se “repartirá” la cuota de pesca industrial. Hasta ahora, lo que se ha hecho es que, cual encomienda colonial, el Estado ha regalado a un grupo de siete familias estas cuotas, sin que el país haya recibido nada a cambio. Sí, el Estado ha entregado gratuitamente las cuotas a los grandes industriales y no ha recibido nada a cambio por esa asignación. Los industriales se han dedicado a rentar y a sobreexplotar con este obsequio.
Destacados expertos han planteado que es necesario cuidar los recursos y que junto con ello, la mejor manera de asignar la parte industrial es con licitaciones transparentes. Estas permiten que el Estado reciba ingresos, fije estándares mayores en materia ambiental y social, limite la concentración y genere incentivos a la innovación a través de la sana (y mínima) competencia. Obviamente los industriales se oponen a la posibilidad de licitación y han puesto el grito en el cielo defendiendo lo que a todas luces son privilegios infundados.
El proyecto de ley que anuncia el Gobierno es francamente un retroceso si se mira en detalle. Luego de un fallido acuerdo colusorio para evitar las licitaciones, Longueira anunció a los cuatro vientos royalty y licitaciones de excedentes. Pero esta vez también la letra chica deja el proyecto como mero anuncio carente de peso concreto, un volador de luces. Incluso uno de los grandes objetivos, resguardar la sustentabilidad, queda reducido a una consulta a expertos nombrados políticamente para decisiones que toma al final un subsecretario en la soledad de su gabinete. Seamos claros: sólo decisiones científicas verdaderamente vinculantes y una licitación abierta y competitiva aseguran el término del cartel de las siete familias de la pesca y la captura del regulador.
Sin que el común chileno se dé cuenta, esto perjudica día a día a las familias de clase media y de sectores modestos, tanto o más que la colusión de los pollos o las demás que hemos conocido. A pesar de nuestros seis mil quinientos kilómetros de costa, el pescado en Chile es caro y poco accesible. Con crecientes problemas de obesidad infantil y alimentación de baja calidad, gracias al esquema actual apenas consumimos siete kilogramos de pescado al año. Con competencia habría incentivos para incluir tecnología y mejorar procesos que bajen los precios, y llegaría más pescado a la mesa de los chilenos y no a la producción de harina y aceite de pescado, el camino más fácil y con menor valor agregado para generar rentas a los dueños de la pesca industrial.
Con esta discusión sobre la próxima Ley de Pesca conoceremos las verdaderas convicciones del Ministro y de muchos parlamentarios. La distancia entre el dicho y el hecho. En definitiva, si nuestros gobernantes efectivamente están dispuestos a ir en contra de los privilegios de los grandes o si prefieren —como en otros temas relacionados a nuestro sistema político— mantener el statu quo, defender privilegios y regalías, y dejar al sector sin competencia perjudicando a todos los chilenos.
Fuente http://www.ecoceanos.cl
Dimensión Auditor 